Andrea Vázquez y sus hijos no pueden salir del infierno al que los somete quien está acusado de abuso sexual y la Justicia que reproduce más violencia.
El domingo de carnaval, lejos de Jujuy, visite a Andrea Vázquez en su casa de Buenos Aires. Los chicos jugaban con sus amigos, mientras uno trataba de encerrar al perro para que su compañero se animara a salir de la casa, el otro acomodaba facturas y las llevaba a la pieza para convidar con una botella de jugo. Una vida normal, sin que una visita como la mía alterara una infancia y una adolescencia construida con amigos y risas.
Pero esa vida de niños salidos en forma reciente del maltrato extremo por parte de su progenitor, acusado penalmente de abuso sexual; pibes avanzando de a poco en el camino de rearmado y reparación, está en peligro. Porque una Justica de Lomas de Zamora, misógina -y en alquiler- viene haciendo contra esos niños todo el daño inimaginable.
Primero se los sacó a la madre, Andrea Vázquez, en base a falsas denuncias del progenitor de sus tres hijos y con un brutal operativo de fuerzas de seguridad. Una falsa denuncia que implicó que ella vaya a juicio oral acusada por el delito de impedimento de contacto. Pero en ese juicio Andrea fue absuelta.
Y se la acusó de ejercer el inexistente SAP (Síndrome de Alienación Parental), un falso síndrome, inventado y anti-científico, que habla de que la madre inocula el relato a los niños respecto de maltratos y/o abuso de los progenitores. Esta falsa teoría psicológica que pretende quitarle verdad al relato de niñ@s, y lograr que no sean escuchados cuando refieren maltratos y/o abusos, hoy es una avanzada en la Justicia que se disfraza de “inoculación”, “contaminación”, “inducción”, “sugestión”, etc. Los niños no son creídos en sus relatos, y la consecuencia directa es que el Estado, a través de sus Tribunales, no los resguarda del maltratador/abusador. La impunidad tiene además la consecuencia de naturalizar y tolerar estos hechos.
Pero los hijos de Andrea, que no podían ver a su madre por constante prohibición del padre – hasta con cámaras y micrófonos a disposición-, a escondidas y cuando podían se las ingeniaban para llamarla por teléfono. Andrea logro nuevamente el contacto con sus hijos con asistentes sociales de por medio. Los tres niños expresaron a esas profesionales que el progenitor los maltrataba, y que querían quedarse con su madre. Y esta vez, fueron escuchados. Pero a Andrea le dijeron que denuncie en La Plata, y así lo hizo. Se ordenaron medidas de protección y por eso hoy los chicos –dos de sus tres hijos-están con ella.
Pero a poco de caminar Andrea con sus hijos, protegiéndolos, uno de ellos contó a su psicóloga que los maltratos de su padre, no eran solo violencias físicas a secas. También hubo abuso sexual. La noticia de la psicóloga motivó que el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño realizara la denuncia penal en C.A.B.A., y desde allí, previa Cámara Gesell, se acusó a Pablo Ghisoni por abuso sexual a uno de sus hijos. Pero en la Cámara Gesell los hechos se situaron en Temperley, por lo que la causa penal fue remitida a Lomas de Zamora.
Hasta la fecha, a pesar de semejante acusación, no se detuvo a Ghisoni.Tampoco se avanzó en la investigación, a excepción de una pericia médica de parte presentada en enero de este año por la querella, donde surgen las pruebas médicas que dan contundencia al relato del niño.
“Te voy a hacer algo que no vas a poder soportar” amenazó Ghisoni a Andrea Vázquez cuando ella decidió separarse hace años. Y cumplió. El dolor sigue siendo inmenso, la brutalidad sigue siendo inmensa. A pesar de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion desde el año 2010 planteó que en casos de abuso sexual debe impedirse el contacto entre el padre denunciado y el hijo/a, porque esperar hasta una sentencia firme expone al niño/a a riesgo. sin embargo, Ghisoni hoy sigue con un hijo –el mayor- a su cuidado.
La última sentencia de la Corte de la Provincia de Buenos Aires en el caso de Andrea plantea que las rebeldías de ella –denunciar en la OVD de la Corte Suprema desde donde remitieron las actuaciones a la La Plata por ejemplo en vez de denunciar en Lomas de Zamora- demuestran que ella no está en condiciones de cuidar de sus hijos. El camino hoy con ese fallo –si no se revierte en la Corte Suprema con la queja que hoy está en trámite- es arrancar a esos pibes que yo vi el domingo pasado jugando con sus amigos en esa casa en la que se sienten seguros, e institucionalizarlos. No importa que allí ellos sean felices como son felices los pibes que juegan, a pesar de la historia. Tampoco importan los informes periciales que dan cuenta de ello. La justicia misógina castiga a los pibes, porque ese castigo es el mejor que encuentran para Andrea, y ejemplifica los riesgos de rebelarse y denunciar violencia y abusos.
Hay muchas Andreas en nuestro país. Y hay muchas niñas y niños, adolescentes, que siguen estando con sus padres abusadores y maltratadores, porque la Justicia no los resguarda de esas violencias. Y la vulneración que sufren de sus derechos, es multiplicada por el Estado _no solo la Justicia, también los organismos provinciales y nacionales destinados a la protección de esa infancia que no cumplen-.
El caso de Andrea y sus hijos, pone en debate también en nuestro país, entre otras cuestiones, la necesidad de aprobar una ley que garantice que ante la sola acusación penal por abuso sexual se suspenda el contacto entre progenitor acusado/imputado e hijos/as. Porque hoy con tanta teoría con color a SAP y misoginia y el cuidado compartido de los hijos como regla en el Código Civil, y con una justicia patriarcal, a la infancia vulnerada no le alcanza con una ley que priva la responsabilidad parental en caso de abuso sexual solo cuando hay condena firme (art.700 bis inc. C del Código Civil), o suspenda el ejercicio en caso de procesamiento o acto similar (art. 702 inc. E del Código Civil). La sola acusación/imputación penal por abuso sexual contra el progenitor debe suspender el ejercicio de esa responsabilidad parental en forma inmediata y respecto de todos sus hijos. Porque la demora de las causas penales (con tanta chicana posible) no puede implicar que personas como Ghisoni sigan con sus hijos a su cuidado, como hoy ocurre con el más grande de los tres. A quien incluso la Justicia autorizo a llevárselo al exterior hace dos semanas.
Fuente: Jujuy es noticia - Por Mariana Vargas/ Analía Albornoz
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