miércoles, 15 de noviembre de 2017

¡NO SEAS CÓMPLICE !







Este video fue realizado en el año 2012 luego de solicitar permiso al Ministerio de la Mujer y la familia de Perú, por la autoría de imágenes.

La violencia contra las mujeres cada año va en aumento, es por ello que, lamentablemente, sigue vigente este video.

EL NÚMERO TELEFÓNICO NO CORRESPONDE MÁS AL DE NUESTRA ONG. 

 Quienes estén interesadxs , pueden solicitarlo por los canales:
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jueves, 9 de noviembre de 2017

FEMICIDIO EN SALTA DE TURISTAS FRANCESAS: UNA CONDENA NO ES JUSTICIA

Cassandre Bouvier y Houria Moumni eran dos estudiantes francesas que investigaban sobre la historia de Latinoamérica. Vinieron como turistas a Salta y fueron encontradas asesinadas en la quebrada de San Lorenzo en julio del 2011. El padre de Cassandre, Jean-Michel Bouvier, junto a la fundación Innocence Project Argentina, pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revea la condena a cadena perpetua contra Santos Clemente Vera porque aseguran que no hay pruebas para su sentencia. “Encarcelar a un inocente es como asesinar otra vez a mi hija. La injusticia de su muerte no es para provocar más injusticias”, asegura Bouvier.



Cassandre Bouvier y Houria Moumni fueron encontradas asesinadas en la quebrada de San Lorenzo, en Salta, el 29 de julio del 2011. Su muerte no terminó. El pedido de justicia tampoco. El padre de Cassandre, Jean-Michel Bouvier e Innocence Project, piden por la inocencia de Santos Clemente Vera, condenado a prisión perpetua en 2016 y reclaman a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo libere. El cree que Cassandre merece justicia y no una condena a cualquier precio y que su memoria se deshonra si hay un preso que no es culpable de su muerte. Y, además, que la investigación no está cerrada y tiene que continuar con pistas que fueron archivadas en un expediente en el que no confía.

Cassandre y Houria se conocieron en el Instituto de Estudios Avanzados de América Latina (IHEAL), una institución adscripta a la Universidad Paris III-Sorbonne. Houria tenía 24 años y era de origen marroquí. Había terminado su tesis de maestría sobre la migración sirio-libanesa en la Argentina. Quiso salir del paper y pisar la tierra y agarró la mochila para viajar por Sudámerica. Cassandre tenía 29 años y había estudiado la revolución sandinista de Nicaragua en la prensa española y la diáspora dominicana. Había viajado por Sudámerica, Centroamérica y el Caribe: desde Republica Dominicana, Guatemala, El Salvador y Argentina, según reconstruyó una investigación de París Match. 

Las dos viajaron a Salta y dejaron, el 15 de julio del 2011, sus bolsas de dormir, sus teléfonos y su computadora con sus últimas fotos en el hotel donde dormían. A las 16:23 compraron la entrada al parque de la Quebrada de San Lorenzo y catorce días después se las encontró asesinadas en un sendero del parque. En febrero del 2016 la sala III del Tribunal de Impugnación de Salta condenó a prisión perpetua a Gustavo Lasi (que había sido condenado en primera instancia a treinta años de prisión) y a Clemente Vera (que había resultado absuelto durante el juicio) por robo, abuso sexual con acceso carnal y homicidio. La justicia dio respuestas a un caso en el que la presión internacional del ex presidente francés Nicolás Sarkozy exigía respuestas y no aceptaba impunidad. Pero todavía se cuestiona la investigación apresurada e irregular y siguen titilantes las dudas sobre una presunta fiesta de hijos del poder, una mujer con anteojos de sol que se encontraron en un lugar cercano al de los cuerpos y la falta de datos sobre otros detenidos y familiares de los investigados.

El 1º de agosto del 2017, Innocence Project Argentina, junto con el abogado José Humberto Vargas, presentaron un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la condena a Santos Clemente Vera a prisión perpetua. La Corte de la Justicia de Salta rechazó el recurso de inconstitucionalidad planteado contra el fallo dictado por la Sala III del Tribunal de Impugnación de la Provincia y, por eso, ahora la decisión depende del máximo tribunal. “La condena de Santos Clemente Vera se funda en indicios que no lo identifican como responsable y resulta arbitraria. Además corresponde la realización de un nuevo juicio frente a la decisión que revoca una absolución lo que la justicia de Salta incumplió arbitrariamente. También se reclama la aparición de muestras biológicas extraídas a las víctimas durante la autopsia que lesionan los derechos de las víctimas de conocer la identidad de los verdaderos autores. Por eso, se busca que se identifiquen a los verdaderos culpables y no se condene injustamente a un inocente”, resalta la abogada de Innocence, Natalia Lippmann Mazzaglia. 


Un padre que pide que liberen a un preso sentenciado por matar a su hija no es habitual. Pero Bouvier no cree que la sentencia sea justa. Y la injusticia lo atormenta como la ausencia de su hija que lleva en el cuerpo como un temblor que no encuentra calma. Por eso, él subraya: “Encarcelar a un inocente es como asesinar otra vez a mi hija. La injusticia de su muerte no es para provocar más injusticias”. Bouvier viajó a la Argentina para realizar este reclamo y se reunió con el Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, con el Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y con la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. A todxs les leyó una carta de condolencias de dos investigadores académicos que trabajaban con Cassandra y que él siente como su mejor carta de presentación: “Cassandra amaba la tolerancia, la libertad de pensar y de actuar en el respeto del otro. No le gustaba la injusticia, la pobreza, la exclusión. Le gustaba ser solidaria con los que sufren y actuar para ellos, descubrir la vida de la gente, sus culturas y defender esa diversidad”. El padre lee a su hija en esa carta. La lee y dice “Esa era Cassandra. Esto es ella”. 

Jean-Michel Bouvier vino a la Argentina, una vez más, a pedir justicia, se encuentra con Las12 para una entrevista en su hotel y su rostro está tan perturbado por el dolor como si la noticia de la ausencia acabara de llegar o nunca más pudiera amainar sus pasos. No está sedado por el tiempo, sino cansado y convencido de cada error del expediente. Sus manos dibujan en el aire los gestos que no necesitan traducción del francés al castellano: la furia, las preguntas, la ausencia, las pericias, el apuro, las presiones, la falta de respuestas. Las manos se levantan entre su camisa blanca y no descansan. Sus puños se abren. Sus puños se cierran. Los dedos forman un círculo en el aire. La piel que deja desnuda la barba blanca que lo cubre se enrojece. Nada en él permanece igual sin Cassandre. No tiene tregua para un dolor que no encuentra en los sellos ni en las rejas el final del camino. No hay final del camino para el camino que iniciaron Cassandre y Houria. Y mucho menos si ese camino –ideado por ellas entre tierra y libros, diarios y selvas- queda plagado por la injusticia. 

“Es difícil de contestar”, dice Bouvier, de 69 años, sobre el recuerdo de su hija. Conoce cada centímetro del expediente y lo repite con precisión científica. Su hija es un latido que no guarda en ninguna valija y que no le da tregua ni en América ni en Europa. “Quizás es difícil de contestar porque no era simplemente una hija”, enmarca. Desde su juventud Bouvier siempre soñó con tener una hermana. Tuvo un hermano con una discapacidad grave que falleció en el 2009 y sufrió que no haya otro hijo en la familia. “Yo sabía desde muy joven que las cualidades de un hombre y de una mujer se complementaban de forma muy distinta a la de dos hombres”, reflexiona. “Cassandre representaba eso. Ella era el vínculo entre su hermano y su hermana y era el vínculo entre su madre y yo que estamos divorciados y todos fuimos conscientes que no iba a ser lo mismo con su muerte y eso es lo que pasó”, dice y dice que está diciendo cosas difíciles que no suelde decir mucho. Dice y la mirada triste queda imborrable en quien lo mira y descubre una profundidad que no tiene entierro. “A pesar de no ser religioso ni creer en Dios pienso que Cassandre tomó posesión de mi cuerpo. Se empoderó de mi cuerpo”, cuenta y cuenta de Cassandre que exhala orgullo por las manos imparables que buscan justicia, no a cualquier precio, sino verdadera justicia.  

¿Por qué pide por la libertad de Clemente Vera?

–Lasi tiene las pruebas científicas y objetivas de su culpabilidad. El arma pertenecía a su padre, se encontró ADN y el celular de Houria fue encontrado en la casa de su compañera, entre otros elementos. En cambio, no hay ninguna prueba objetiva ni científica contra Vera. Solamente se encontró un ADN mitocondrial –que privilegia la línea femenina de un individuo– y es un elemento de prueba muy débil con un 60 por ciento de correspondencia. Para la policía científica francesa encontrar un ADN mitocondrial no es un elemento contundente sino solamente si hay otros elementos en el mismo sentido. Además hay parte de las pruebas que fueron tomadas en el crimen que se perdieron y no fueron examinadas. Con Innocence Project le preguntamos a la justicia de Salta dónde están esas pruebas.

¿Usted cree que Clemente Vera es un chivo expiatorio por ser pobre y vivir cerca de la zona del crimen?

–Se puede imaginar, sí. Además el Juez Martín Pérez hizo su investigación en un tiempo muy corto. El documento que apunta a Lasi y Vera fue entregado a Nicolás Sarkozy el 14 de septiembre del 2011 por Cristina Kirchner. A mí me lo habían entregado dos días antes. Este documento el Juez Pérez lo redactó alrededor del 25 de agosto y yo me había encontrado con él el 5 de agosto y todavía no estaba la línea de acusación. En veinte días hizo su investigación. Y para llevar a cabo ese tipo de investigación en veinte días hay que contar con un juez muy competente y una policía muy competente. El examen del expediente demuestra todo lo contrario: hay fallas en la investigación.

¿Fue un expediente apurado para cumplir con las relaciones internacionales con Francia?

–El Presidente Nicolás Sarkozy es alguien muy peleador. Después del juicio hablé con Urtubey y le pregunté si Cristina lo había llamado y me dijo que sí. Urtubey hizo lo mismo con el jefe de policía y eso me parece normal. El problema es el efecto de esto con una policía poco competente y con un juez que no tenía la personalidad suficiente para resistir a este clima de presión. El Juez Pérez siempre me repetía de manera mecánica: “Quiero cerrar esta investigación”. Un juez competente no dice eso, sino que quiere encontrar culpables. 

¿Se encontró con Cristina Kirchner en este viaje?

–Me encontré por tercera vez y siempre estuvo bastante claro que Cristina Kirchner me apoyó cuando todavía era Presidenta y considera que hay elementos del expediente que merecen volver a abrirlo. También me encontré con el Ministro de Justicia Germán Garavano y le pedí que se vuelva a hacer un identikit para reorientar la investigación.

¿Cuáles son sus sospechas?

–No hay ninguna prueba que fallecieron en el lugar donde se las encontró. Según los expertos franceses Houria perdió la totalidad de su sangre y no se sacó ninguna muestra de la tierra que estaba por debajo de su cuerpo. Hay otro elemento poco estudiado: el cuerpo de las dos no muestra lesiones ni mordeduras de animales. Cuando estuve en el lugar pasaban cóndores y no puedo creer que si los cuerpos estuvieron ahí quince días no haya ninguna marca de animales en los cuerpos. 

¿Por qué en un documental y un libro franceses se habla de una fiesta de hijos del poder?

–Muchos testimonios anónimos hablan de eso. Yo me encontré con una mujer, que no era un testimonio directo, que me dijo que las habían visto en una fiesta. Pero que no tenía intención de ir a la justicia. Hay otras pistas que no fueron investigadas: un testimonio que describe a una francesa saliendo del parque y la descripción de la francesa corresponde a mi hija. Además las últimas fotos las muestran a ambas en el restaurante en la entrada del parque “El duende” y se ve claramente que están en una postura de espera. No hay ninguna bebida en la mesa y están esperando a alguien. 



La mano de Bouvier se inclina sobre su otra palma y pide hechos. Sus manos no descansan. Sus brazos no bajan la guardia. Sus dedos expresan una vehemencia en un lenguaje que grita desde los gestos el dolor sin lenguas.  La sentencia no es el final del caso. Los femicidios de Cassandre y Houria todavía son un grito que piden que las mujeres viajen libres y sin más tierra que la que quieran recorrer sus pies, por ellas y por todas. 

Fuente: Página 12 - Por Luciana Peker

martes, 7 de noviembre de 2017

GRASSI , EL CURA PEDÓFILO, "BENDECIDO" POR EL 2X1

Título original: 2x1 para Grassi.

La Cámara Penal de Morón avaló el cambio del cómputo de la pena a 15 años de prisión impuesta a Grassi, que había sido ratificada por la Corte Suprema de Justicia. El cura, preso en la cárcel de Campana y condenado también por peculado, saldrá de prisión casi dos años antes. Con el nuevo cálculo, recuperará la libertad en agosto de 2026.


Hace ocho meses la Corte Suprema confirmó su condena de 15 años de prisión, pero el cura Julio César Grassi consiguió ahora la reducción de esa pena: la Cámara Penal  de Morón le concedió el polémico beneficio del 2 x 1 que hace unos meses fue aplicado a diferentes genocidas y generó el masivo rechazo de toda la sociedad.  En una votación dividida, los camaristas confirmaron el fallo previo del Tribunal Oral 1 de Morón, que en abril había accedido a cambiarle a Grassi en el cómputo de su pena. Con el nuevo cálculo el cura alojado actualmente en la Unidad Penitenciaria bonaerense  Nro. 41 de Campana estará preso hasta el 10 de agosto de 2026, con lo cual estará en prisión un año y nueve meses menos.

Grassi fue condenado en el 2013 a 15 años de prisión por ser autor de abuso sexual agravado. El Tribunal Oral 1 de Morón lo encontró culpable del abuso sexual al menor conocido en los medios como “Gabriel” mientras cumplía funciones de sacerdote en la Casa San Juan Bosco,, una de las dependencias en Hurlingham. En la sentencia, luego ratificada por la Corte Suprema, se resaltó que aquellos sucesos promovieron una “desviación en la sexualidad aún en formación del menor”. El cura también fue juzgado por otros dos casos de corrupción de menores por los cuales fue sobreseído en esa misma causa. 

El mismo Tribunal que lo condenó accedió en abril al pedido de Grassi de que le computaran su pena con el 2x1, consagrado en la ley 24.930. Esa ley, hoy derogada, estuvo vigente entre los años 1994 y 2001. Permitía computar doble los días que pasaron sin sentencia firme a partir del segundo año de detención.

Esa ley saltó este año a las primeras planas cuando la  Corte Suprema la aplicó en el caso del represor Luis Muiña. El fallo del máximo tribunal –firmado por Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, los dos jueces nombrados en la Corte por Mauricio Macri- derivó en un contundente rechazo social que se puso de manifiesto en masivas movilizaciones. El Senado vedó su aplicación para los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra e, incluso, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) instó a la Corte a tener en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos, al resaltar que los crímenes de lesa humanidad no podían "asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional”. 

La misma Corte Suprema se pronunció el 21 de marzo pasado sobre el caso de Grassi y confirmó su condena.  Los jueces Highton de Nolasco, Rosenkrantz, Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda desestimaron los recursos presentados por el cura por considerarlos “inadmisibles”. En esa línea, destacaron que debía quedar firme la pena que le había sido impuesta  por ser “autor reiterado de los delitos de abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y guarda del menor-víctima en concurso real entre sí, que a su vez concurren idealmente con corrupción de menores agravada por su condición de encargado de la educación y de la guarda”. 

Grassi acumula otra condena de 2016 por dos años de prisión en suspenso por haber desviado fondos de la ONG para pagar el alquiler de la casa quinta La Blanquita, a la que se mudó cuando la justicia le prohibió seguir viviendo en la sede del organismo que presidía, en 2002. El 20 de mayo de este año, la Justicia elevó además a juicio oral otra causa por desvío de donaciones que recibía la Fundación Felices los Niños al penal de Campana donde estaba detenido.

Cuando el Tribunal Oral 1 de Morón le concedió a Grassi el 2x1 en abril, el abogado querellante, Juan Pablo Gallego, consideró “absolutamente ilegal” la medida porque se “aplica una ley cuya derogación es anterior al cumplimiento de la pena” y porque, además, se “está aplicando a un reincidente y no corresponde”. Con el nuevo cálculo, el cura pasará un año y nueve meses menos de lo que le correspondería en prisión. Saldrá de la cárcel el 10 de agosto de 2026.

Fuente: Página 12 

viernes, 20 de octubre de 2017

¡JUSTICIA PARA MICAELA ORTEGA! FALLO HISTÓRICO.

TÍTULO ORIGINAL: La abogada de la familia de Micaela Ortega describió a Luna como "un criminal sistemático"






La abogada de la familia de Micaela Ortega dijo que resultó tranquilizador escuchar la condena impuesta por los jueces bahienses a Jonathan Luna, a quien describió como un “criminal sistemático”.[ condenado por grooming seguido de femicidio]

   “Escuchar la palabra perpetua fue tranquilizador. Obvio que a Claudio (Ortega) y Mónica (Cid) nadie le devuelve a su hija, pero ellos eligieron encaminar esto por la vía institucional y la justicia estuvo a la altura de las circunstancias”.

   Sostuvo que el fallo dictado por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 “sentará jurisprudencia, como fue en su momento el caso Mangeri”.


  También consideró que “Micaela es un antes y un después en Bahía. Demostró que los sistema de seguridad no funcionaban y puso en el tapete temas que hay que tratar y no ocultar”.

   Al hablar sobre el condenado por el crimen de la adolescente bahiense indicó que lo ocurrido “nos mostró la peor cara que podíamos esperar. La de un criminal sistemático, que preparaba un plan siniestro para cada víctima”.

   “Cuando fuimos escuchando una nota del padre o la madre de Micaela nos apropiamos todos un poco de ella, porque cada uno de nosotros la tomamos como una hija o una sobrina. Si Jonathan Luna quedaba libre podía venir por cualquiera de nuestras hijas”.

   Calificó a Mónica Cid como “una mujer impresionante” y aseguró que la seguirá asistiendo legalmente.

   Cabe recordar que ayer, luego de escuchar el fallo, la madre de Micaela volvió a decir que ahora pedirá que se investigue la actuación del juez Juan Pablo Chirino, quien le había otorgado la libertad a Luna.

   Finalmente se refirió a la actuación en el debate del defensor oficial Sebastián Cuevas.

   “Su trabajo fue muy digno y respetuoso. Se lo agradecí personalmente”. 

Fuente: La Nueva.

NOTA DE REDACCIÓN DESDE NUESTRA ONG






Fallo histórico. Se inicia con un grooming seguido de femicidio. Micaela era una niña de 12 años, estudiaba , patinaba, tenía amgxs, una adolescente como todxs, con sus vaivenes emocionales propios de la edad.
Cuando desaparece, la sociedad Bahiense estigmatizó la conducta de Micaela - en tanto adolescente - y de sus padres. El " dedo acusador" hacia la familia recayó. Luego de 32 días apareció el cuerpo de Micaela en un descampado, con signos de defensa ante una tentativa de abuso sexual. Es en ese momento que la sociedad sintió el silencio. Si, lo sintió. 
La lucha incansable de Mónica Cid, su madre fue crucial, junto a todas las organizaciones sociales que la acompañaron en este calvario que ayer, finalmente, tuvo el veredicto esperado: 35 años, y, como tiene antecedentes el femicida, pierde el derecho a la salida condicional.
Hoy, se comenzó a visibilizar las diversas modalidades de violencias, pero falta mucho aún, falta la toma de conciencia responsable y co-constructora que permita la construcción de una mirada en con-junto, una mirada social entendiendo que son seres humanas LAS MUJERES quienes somos víctimas sistemáticas de estas diversidades de violencias.
 Sólo con la PREVENCIÓN comenzaremos este camino...hoy, estamos trabajando y operando en la urgencia y emergencia. MIENTRAS TANTO, NOS SIGUEN MATANDO.
la ausencia de políticas públicas es desvastadora y coloca al Estado en la posición de cómplice. 
Como sociedad, como colectivo de mujeres y varones antipatriarcales, entendemos que los tiempos se agotaron: BASTA DE MUJERES MUERTAS, YA NO PODEMOS ESPERAR MÁS.

POR UNA VIDA...SIN VIOLENCIA 2: Título original: La abogada de la familia de Micae...

POR UNA VIDA...SIN VIOLENCIA 2: Título original: La abogada de la familia de Micae...: Título original:  La abogada de la familia de Micaela Ortega describió a Luna como "un criminal sistemático" ...

viernes, 6 de octubre de 2017

DESENMASCARANDO LA VIOLENCIA DE GÉNERO: EL DESIGUAL USO DEL TIEMPO

 Título original: Otra cara de la violencia de género: el desigual uso del tiempo.







El 2 de Octubre se presentaron los resultados preliminares de una nueva encuesta del uso del tiempo. Esta vez, el operativo lo llevó adelante la Dirección General de Estadística y Censos (DGEC) de la Ciudad de Buenos Aires. Las estadísticas del uso del tiempo se reconocen como una herramienta necesaria para magnificar el uso diferencial del tiempo y la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que llevan adelante de manera injusta las mujeres. Esta es la segunda vez que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires.

Una nueva encuesta del uso del tiempo, llevada a cabo en 4.500 hogares de Ciudad de Buenos Aires, revela y confirma una cuestión conocida: el desigual uso del tiempo entre varones y mujeres dadas las cargas de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.
Según el estudio, los varones dedican a los trabajos remunerados en promedio 8 horas y 52 minutos mientras que las mujeres 7 horas y 59 minutos. Sin embargo, la brecha anterior se invierte y acrecienta en tanto las mujeres destinan mucho más tiempo al trabajo no remunerado doméstico -3 horas y 27 minutos contra 1 hora y 57 minutos- y al cuidado a miembros del hogar -5 horas y 27 minutos contra 3 horas y 42 minutos- respectivamente.


Estos datos, que visibilizan de forma contundente el peso desigual de las jornadas diarias de trabajo son para la economía desde una perspectiva feminista clave para entender los vectores de reproducción de desigualdad. Los hogares que más recursos monetarios tienen, pueden pagar por terciarizar los trabajos de sostenimiento de la vida o bien comprando trabajo doméstico y de cuidados, generalmente en manos de otras mujeres -limpieza en el hogar, cuidado de niños y niñas, personas enfermas o adultas mayores- o bien adquiriendo productos en el mercado que contienen varios procesos de trabajo incorporados -comprar verduras limpias, cortadas y listas para ser cocidas, comidas en diferentes casas de comidas, arreglos y quehaceres del hogar, entre tantos otros trabajos-. En tanto, los hogares de sectores sociales más precarios el peso del trabajo doméstico y cuidados no remunerado recae mucho más fuerte en las mujeres que viven en el hogar. 

En la zona norte de la CABA los varones dedican al trabajo no remunerado 2 horas y 27 minutos y las mujeres 4 horas y 9 minutos, mientras que en el centro el tiempo aumenta a 2 horas 36 minutos y 5 horas 8 minutos, siendo significativamente desigual en las zonas sureñas donde el tiempo es de 3 horas 36 minutos y 6 horas 27 minutos respectivamente.




Si se analizan los datos por quintil1 de ingresos, mientras que las mujeres del primer quintil -menores ingresos- le dedican 7 horas y 32 minutos a las actividades de mercado, las del quinto quintil le dedican 8 horas y 19 minutos, ahora bien, si comparamos el trabajo no remunerado le dedican 7 horas y 7 minutos y 3 horas y 18 minutos respectivamente. Esto quiere decir que aunque las mujeres del quinto quintil trabajan un 10,2% más en actividades remuneradas, las mujeres más empobrecidas trabajan más del doble del tiempo en trabajos no remunerados. Para el caso de los varones, los del primer quintil le dedican al trabajo remunerado 8 horas y 57 minutos y los del quinto quintil le dedican 8 horas y 24 minutos. En contraposición, si miramos la dedicación en los trabajos no remunerados respectivamente utilizan 3 horas y 40 minutos y 2 horas y 8 minutos. Estos números arrojan que los varones -comparados entre sí- del primer quintil trabajan en promedio un 6,5% más de tiempo por día en trabajos remunerados y un 72% más de tiempo en trabajos no remunerados.





El informe oficial presentado por la DGEC concluye que “la interrelación entre las modalidades del uso del tiempo y las diferencias socio-económicas, los ingresos del hogar, la existencia o no de ayudas para sostener las tareas de cuidado, la zona de residencia y las situaciones ocupacionales” son determinantes para entender la injusta organización social del cuidado que se basa fundamentalmente en la intensidad de uso del tiempo no remunerada. Otra de las conclusiones, reafirma que “las jornadas de trabajo son más largas para las mujeres que para los varones, fundamentalmente por la diferencia de uso destinado al trabajo no remunerado”. Esto último establece y profundizar las desigualdades intra-géneros e intra-clase.

Si bien la tasa de participación en el mercado laboral es más baja para las mujeres2 -45,9%- que para los varones -58,1%-, las mujeres se involucran en un 90,8% en el trabajo doméstico no pago y el 30,8% del total al cuidado de personas del hogar mientras que en el caso de los varones, participan en 82% en el trabajo doméstico y un 21,3% en cuidado de miembros del hogar.




Un dato llamativo pero que se constata en las diferentes encuestas de uso del tiempo es que a pesar de estar desocupados, en promedio los varones le dedican menos tiempo al trabajo no remunerado -2 horas y 37 minutos- que los ocupados -2 horas y 51 minutos-, mientras que por el contrario las mujeres le dedican 5 horas y 2 minutos y 5 horas y 29 minutos respectivamente.



Esto último vuelve a reafirmar que no importa la situación ocupacional, las mujeres en los hogares cargan con mayor peso de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

Tomando las palabras de Carla Zibecchi en ¿Cómo se cuida en Argentina? es importante considerar que el cuidado -independientemente del ámbito en el cual se efectúe- es un trabajo, en tanto involucra esfuerzo y desgaste de energía (corporal y emocional), tiempo, además genera valor para la sociedad en su conjunto. No hay posibilidad de que las personas puedan realizar tareas cotidianas, como trabajar y estudiar -entre otras- sin la provisión de cuidados, sostén principal de la reproducción de la vida.

En este sentido, es llamativo cómo esta temática de la desigualdad de género, clara, visible y que se suma al engranaje de las violencias cotidianas es sistemáticamente dejada de lado. En la sociedad no existe una política de toma de conciencia para desestereotipar estos trabajos, ni tampoco existe desde el Estado políticas públicas de promoción de corresponsabilidad y de servicios públicos que puedan contener y redistribuir de manera social y equitativa el trabajo de doméstico y de cuidados. Así, es alarmante saber que en la presentación preliminar del Presupuesto 2018 a ser votada por el Congreso no aparece ninguna partida específica para financiar políticas que busquen disminuir la violencia de género en nuestro país, como tampoco una partida para el Plan Nacional de Acción (PNA) para la Prevención, Asistencia y Erradicación de las Violencias contra las mujeres y la disminución de 2 millones de pesos en el presupuesto asignado para el Instituto Nacional de las Mujeres que no tiene en cuenta la inflación estimada para el 2018, que según el Poder Ejecutivo Nacional será del 15,7%.

Si bien hoy las encuestas de uso del tiempo tienen mucho para mejorar, son útiles para magnificar de alguna manera posible el desigual uso del tiempo. Existen diversas recomendaciones internacionales que han destacado la importancia de contar con información estadística sobre el trabajo no remunerado que se realiza en los hogares, con el fin de hacerlo visible y reconocer su valor, sin embargo el país no cuenta dispositivos que recopilen y produzcan esta información de forma regular y con una misma metodología en todo el territorio nacional de forma que pueda ser analizada de forma dinámica y comparativa. Esta es la segunda vez que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires (la primera fue en 2005) y la cuarta en un territorio nacional (anteriores experiencias se dieron en Rosario 2010 y en algunos aglomerados urbanos dentro del módulo de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos INDEC en 2013). Aunque de una forma binaria3 como la mayoría de las estadísticas, son una herramienta para entender que la violencia de género también es económica y tiene cara no solo de desigual distribución de recursos monetarios sino de tiempo ¿Cúal es el valor del tiempo?



1 El quintil es un término para analizar la distribución del ingreso se calcula ordenando la población (de una región, país, etc.) desde la persona más pobre a a la más adinerado, tomando como parámetro los ingresos monetarios para luego dividirla en 5 partes de igual número de personas; con esto se obtienen 5 quintiles ordenados por sus ingresos, donde el primer quintil representa la porción de la población más empobrecida y así sucesivamente hasta el quinto quintil que representante la población con más recursos monetarios.

2 Vale aclarar que existen serias condiciones de adversidad para las mujeres en el mercado de trabajo en Argentina. La brecha salarial en promedio es del 27% (ganan menos que sus pares varones) en el mercado formal y de 40% en el mercado informal donde se encuentran más de un tercio del total de las trabajadoras. Las tasas de desempleo son mayores para las mujeres, siendo las jóvenes menores a 29 años las más afectadas, con una tasa del 20,1% cuando el promedio nacional es del 9.2%

3 Es una necesidad, para poder conocer de manera más certera, que las estadísticas públicas incorporen la autopercepción de género. Además avanzar en materia de reconocimiento simbólico y no reproducir violencias al asignar géneros que están por fuera de las autopercepciones personales, esto nos permitiría cuantificar pero también conocer las diferentes vivencias en términos de trabajo remunerado y no remunerados de las autopercepciones sexo-genéricas y cuales son sus necesidades y formas de cuidado.

Fuente: Marcha.org - Por Patricia Laterra (*) 
Patricia Laterra es feminista, lesbiana y Lic. en Economía por la FCE-UBA. Es integrante del Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica.

lunes, 18 de septiembre de 2017

CÓMO INFLUYEN LOS MANDATOS DE GÉNERO EN LAS MUJERES?




La antropóloga Marcela Lagarde enuncia que “El género está presente en el mundo, en las sociedades, en los sujetos sociales, en sus relaciones, en la política y en la cultura. El género es la categoría correspondiente al orden sociocultural configurado sobre la base de la sexualidad: la sexualidad a su vez definida y significada históricamente por el orden genérico.”

Por tanto, el género es una construcción social que asigna de manera diferencial a hombres y mujeres una serie de roles y determina cómo deben ser las relaciones entre ellos, nos enseña cómo ser y cómo comportarnos para cumplir con las expectativas impuestas durante el proceso de socialización.




Todo ello se concreta en una serie de mandatos que interiorizamos y hacemos nuestros, nos impiden transgredir los modelos hegemónicos de masculinidad y feminidad, se traducen en pensamientos, emociones y conductas que alimentan el orden social. Si incumplimos estos mandatos nos enfrentamos a la crítica social, la culpa y la vergüenza.








¿Cómo nos afectan estos mandatos a las mujeres?

Dificultan la construcción de una verdadera autonomía personal. Es frecuente escuchar a mujeres de edad avanzada que se sienten tremendamente solas, ver cómo reprochan a sus hijas/os o nietos/as que no las atienden como necesitarían. Estas mujeres se han entregado por completo a su familia, a su “deber” de madre y esposa, no han construido un proyecto de vida propio, una identidad diferenciada de sus roles, y, cuando estas tareas de cuidado ya no son necesarias, muchas mujeres se encuentran perdidas y confundidas llegando a preguntarse ¿quién soy yo y qué he hecho con mi vida?

  • Afectan negativamente a la autoestima. Si desde pequeñas nos dicen que las mujeres tenemos que ser guapas para conseguir éxito en la vida, y, a la vez, nos bombardean con intensas campañas publicitarias que muestran un ideal de belleza inalcanzable, no es de extrañar que nos comparemos, nos sintamos viejas, gordas y feas y pensemos que no tenemos valor como personas porque no nos enseñan a valorarnos de una forma objetiva y realista. Como dice Beatriz Gimeno “Una mujer que no se gusta a sí misma no puede ser libre, y el sistema se ha preocupado de que las mujeres no lleguen a gustarse nunca”.

  • Fomentan la construcción de relaciones desequilibradas. Aún hoy, en una época en la que se ha avanzado tanto en materia de igualdad, las cualidades más valoradas en las mujeres son la belleza y la abnegación, mientras que en los hombres son la fuerza y la capacidad de liderazgo. Partiendo de esa base, hombres y mujeres potenciamos distintas capacidades que sitúan a las mujeres en una posición de subordinación en la pareja y que está en la base de las relaciones de violencia de género.

  • Generan la aparición de emociones negativas que nos causan malestar. El miedo, la vergüenza, la culpa, son emociones centrales en la vida de muchas mujeres. Nos enseñan que estamos indefensas y que tenemos que volver acompañadas a casa, teniendo mucho cuidado e intentando pasar desapercibidas para que no nos ocurra nada malo, y esto, da miedo. Aprendemos desde pequeñas cómo tenemos que ser para que nos quieran, nos acepten, que debemos pensar en el bienestar de los demás, que es egoísta satisfacer nuestras propias necesidades….y, cuando no cumplimos, nos sentimos culpables. Las mujeres nos avergonzamos cuando sufrimos violencia sexual, muchas veces lo tapamos, no lo denunciamos, porque nos consideramos responsables de haber provocado esa respuesta.

  • No potencian una vida sexual satisfactoria y libre. Gran cantidad de mujeres son incapaces de disociar la afectividad de la sexualidad, no se fomenta que tomen la iniciativa y expresen libremente su deseo porque aún sigue estando mal visto, suelen adoptar un rol más pasivo y complaciente en sus relaciones sexuales lo que, en muchas ocasiones, las impide disfrutar libremente de su cuerpo y su sexualidad.

  • Afectan negativamente a nuestra salud integral. La salud física y mental de las mujeres se ve afectada por condicionantes como la doble jornada, niveles de vida inferiores, mayor desempleo, desigual distribución del trabajo doméstico, rol de cuidadoras que les lleva a encargarse de los demás y descuidar su bienestar etc… Además, muchas veces, las mujeres acuden a consultas de atención primaria expresando este malestar a través de diferentes dolencias físicas, lo que “solucionan” pautando psicofármacos que les impiden centrarse realmente en la causa de ese malestar y por lo tanto eliminarla.

Estos mandatos de género son transmitidos durante el proceso de socialización, a través de la educación recibida, por tanto son aprendidos y pueden y deben ser deconstruidos. Para conseguirlo, tenemos primero que visibilizarlos, darnos cuenta del daño que causan en todas las esferas de la vida de las mujeres y empezar a educar en igualdad.

Por Bárbara Zorrilla Pantoja


domingo, 10 de septiembre de 2017

SIN POLÍTICAS HABITACIONALES ( REFUGIOS) PARA VÍCTIMAS DE VG

Título original: El techo que la Justicia reclama para las mujeres


Un fallo judicial señaló la falta de respuestas habitacionales para las víctimas de violencia machista

Al conceder un amparo a una sobreviviente de violencia, madre de dos niños y en situación de vulnerabilidad, la Justicia porteña alertó sobre la ausencia de políticas habitacionales para ciudadanas en esa situación. De las mujeres que piden asistencia en la Defensa Pública por problemas habitacionales, más de la cuarta parte son víctimas de violencia.





La Justicia porteña alertó sobre un tema clave: puso en evidencia la ausencia de políticas habitacionales para víctimas de violencia de género, una situación que pone en grave riesgo a mujeres de sectores vulnerables. Un fallo de la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario  N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, Patricia López Vergara, ordenó al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta otorgarle una solución concreta de alojamiento definitivo, en resguardo de su derecho a la vivienda, a una mujer sobreviviente de violencia machista que vive con sus dos hijos y con su madre. Las dos mujeres están desempleadas y el único ingreso familiar es un subsidio de 1600 pesos en concepto de asignación universal por hijo. Además, se encuentran en inminente situación de calle. La decisión judicial respondió así a un pedido de amparo.

“El fallo tiene varios aciertos”, destacó a PáginaI12 la abogada Raquel Asensio, coordinadora de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, al analizar la sentencia. “Si bien el derecho a la vivienda digna corresponde a todos los ciudadanos, la falta de ese acceso tiene un impacto diferencial en distintos colectivos y grupos. Para una mujer que está en situación de violencia la falta de una vivienda, condiciona directamente la posibilidad de presentar una denuncia y salir de esa relación. En términos jurídicos se llama discriminación por resultados. ¿Qué significa? Las mismas deficiencias de la política para acceder a la vivienda, en la práctica no significan lo mismo para todas las personas”, apuntó Asensio. Además, indicó, la resolución judicial acompaña los compromisos internacionales que obligan al Estado a garantizar políticas públicas para que las mujeres puedan salir de situaciones de violencia: uno de los principales obstáculos que enfrentan son las condiciones socioeconómicas y en ese marco, el hecho de tener a cargo, exclusivamente, las tareas de cuidado de sus hijos. 

El problema es grave: 7 de cada 10 femicidios cometidos en el ámbito porteño ocurrieron en la vivienda que compartían la víctima y el agresor, de acuerdo con datos de 2015 de la Unidad Fiscal Especializada en violencia contra las mujeres y personas LGBT (UFEM).

El recurso de amparo al que hizo lugar la jueza López Vergara fue promovido por dos mujeres, madre e hija. La familia ya había recibido los diez meses de subsidio que otorga el Programa de Atención para Familias en situación de Calle del gobierno porteño, única ayuda que ofrece la Ciudad. “Como no ofrece otra alternativa para quienes se encuentran al borde del desalojo, las personas terminan recurriendo a la Justicia para encontrar una solución habitacional”, explicó a este diario la abogada Victoria Ricciardi, especializada en derecho a la vivienda para mujeres que sufren violencia. El fallo de la magistrada es parte del debate que existe en los tribunales en torno al derecho a la vivienda, y específicamente, alrededor de ese Programa (ver aparte). Del análisis de los litigios del fuero surge que entre el 25 y el 30 por ciento de las mujeres que  solicitan asistencia judicial en la Defensa Pública en materia habitacional son víctimas de violencia de género. 

“La sentencia es muy relevante, especialmente, a partir del análisis que hace sobre la repercusión que la violencia tiene en la vida de las  mujeres. Este litigio pone de manifiesto que para las mujeres de bajos recursos víctimas de violencia  el acceso a la vivienda o cómo enfrentar los gastos de vivienda es una dificultad”, señaló Ricciardi. 

La Ley 26485, de protección integral a mujeres que sufren violencia, contempla la necesidad de que se desarrollen políticas de asistencia a víctimas, que incluyen hasta líneas específicas de créditos para vivienda. 

En el fallo, la jueza López Vergara destacó que “la co-actora A. D. ha atravesado episodios de violencia por parte del padre de sus hijos, circunstancia que ha acentuado su estado de vulnerabilidad. Ello, especialmente si se tiene en cuenta que la victimización, entre otras, constituye una causa de vulnerabilidad conforme las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”. La mujer obtuvo cautelarmente la prohibición de acercamiento del progenitor de sus hijos y se encuentra a cargo de su crianza “sin redes socio familiares de contención que coadyuven a tal propósito”, subrayó la magistrada, en los  autos caratulados “P. L., S. D. d V. y Otros c/GCBA y Otros s/Amparo” (Expediente Nº A9351-2016/0).

“En este estado, no puede soslayarse que el propio gobierno de la Ciudad reconoció la situación de vulnerabilidad en que se halla la co-actora”, argumentó López Vergara. Mencionó, además, que del informe elaborado por profesionales del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano se desprende que A. D. se separó del padre de sus hijos “por razones de violencia de género”, “se encuentra desempleada” y “los únicos ingresos que posee provienen del Programa AUH”. “En tales condiciones, se advierte que la actora sólo podrá superar su particular estado de vulnerabilidad en la medida en que pueda atravesar un proceso de autovalimiento que hoy solamente puede ser posible en tanto el Estado local le brinde las herramientas necesarias que le permitan alcanzar una vida autónoma y libre de violencia”, destacó al fundamentar su decisión.

Además, la jueza señaló  la importancia de que los magistrados “no corran la mirada frente a la especial coyuntura de violencia de género en tanto se erige en un obstáculo que dificulta el ingreso al mercado de trabajo de quienes son víctimas”.

El cuadro de la familia de A.D. es de extrema vulnerabilidad. La madre de A.D. tiene una enfermedad que afecta su andar y le imposibilita el desarrollo de tareas laborales; además, atraviesa un cuadro depresivo grave por el cual está bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico. A.D. trabaja los fines de semana en el rubro gastronómico y gana 300 pesos por día. Madre e hija  contaron que se inscribieron en el portal de empleo de la Oficina de Intermediación Laboral y en el programa de Formación e Inclusión en el Trabajo del GCBA. Pero sus dificultades para acceder a internet les imposibilitan la búsqueda laboral. No reciben ningún tipo de ayuda del padre de los niños y retiran vestimenta y alimentos de la parroquia Santa María de Betania del barrio de Balvanera.

En los fundamentos de su fallo, la jueza también puso énfasis en los compromisos asumidos por el Estado argentino. “Basta recordar que la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (conocida como) ‘Belém do Pará’ coloca como sujeto de especial protección a la mujer víctima de violencia de género”. Al mismo tiempo recordó que fue aprobada por la Ley 24.632, “circunstancia que da razón de la voluntad del Estado de afianzar la protección de los derechos humanos de las mujeres víctimas y de contribuir a su plena inclusión en la sociedad”.

Fuente. Página 12 - Por Mariana Carbajal

martes, 5 de septiembre de 2017

CORTE SUPREMA ¿ CONTRA LAS MUJERES?


Detrás de cada una de las 204 mujeres asesinadas en Colombia este año según Medicina Legal y de las 731 en el 2016 ‒la mitad de ellas a manos de sus excompañeros o esposos‒ no solo hay igual número de asesinos cometiendo el delito; detrás de la tasa nacional de violencia contra las mujeres ‒que es de 213 por cada 100.000 habitantes‒ no solo hay un gran número de abusadores: hay una sociedad, un Estado y unas organizaciones que supuestamente aplican justicia, pero que están apoyando a esos asesinos y agresores, por acción u omisión.

La denuncia está hecha y yo la retomo. Esta vez la acusada es la Corte Suprema de Justicia, que, con la sentencia 48047 de su Sala Penal,

Pone en jaque los derechos de las mujeres, que representan el 83 por ciento de las víctimas de violencia intrafamiliar en el país. A partir de este fallo, las agresiones del exesposo, excompañero o padre de hijos en común dejarán de ser delito en el marco de la violencia intrafamiliar, para convertirse en “lesiones personales” si el victimario y la víctima no conviven cotidiana y permanentemente bajo el mismo techo formando parte de una “unidad familiar”. Como quien dice: mujeres, sigan en la casa aguantando palo si quieren que a ustedes se les reconozcan una serie de derechos al momento de hacer justicia.


¿Eso qué implica? Que la mujer y la sociedad quedarán expuestas, entre otras cosas, a que se subvalore y subregistre la violencia intrafamiliar (VIF), epidemia de salud pública en Colombia; que precluyan muchos procesos de investigación por VIF y se suspendan órdenes de captura en curso (la sanción penal es menor por lesiones personales que por VIF); que no procedan medidas de aseguramiento por este delito y se exija denuncia (hoy se adelanta de manera oficiosa), y en cambio se le dé tratamiento de querellable, desistible y conciliable; que las mujeres no tendrán acceso al tratamiento integral en salud como víctimas de VIF y, en conclusión, que se pone en riesgo de feminicidio a miles de mujeres al negarles el acceso a mecanismos idóneos para acceder a protección y justicia.

Se retrocede 25 años en logros para combatir la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer y el feminicidio. El fallo, además, pone en discusión el concepto de familia

Lo anterior lo explica claramente el comunicado de prensa elaborado por el Colectivo de Mujeres y organizaciones que esta semana citaron en Medellín al foro ‘Riesgos de la sentencia 48047: ¿violencia intrafamiliar o lesiones personales?’, organizado y apoyado por la Alcaldía de Medellín, la Gobernación, la Mesa Departamental de Erradicación de Violencias contra las Mujeres, el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres, la Corporación para la Vida Mujeres que Crean y otro grupo de organizaciones, entre ellas ONU Mujeres y Acnur.

Estas entidades emiten un SOS al país y al mundo: la sentencia redefine los criterios jurisprudenciales para la intervención del delito de violencia intrafamiliar, desconociendo otras sentencias de la misma Corte, de la Corte Constitucional, el mandato de nuestra Constitución y acuerdos internacionales firmados por Colombia.



Es decir, se retrocede 25 años en logros para combatir la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer y el feminicidio. El fallo, además, pone en discusión el concepto de familia con la amplitud que es visto hoy porque confunden los conceptos de unidad doméstica y núcleo familiar, exigiendo para el primero de ellos la convivencia integrada al núcleo familiar.

En síntesis, los magistrados de la Corte están poniendo en jaque los derechos de las mujeres, lo que implica que todo el país se ponga en alerta porque esta epidemia de la violencia intrafamiliar y el feminicidio es lo peor que nos está pasando a todos los colombianos y la mayor fuente de dolor, tragedias, orfandad, violencia y miseria en nuestras almas y en nuestros cuerpos.

Le recuerdo a la Corte lo dicho por el representante de los Países Bajos en el Foro Urbano Mundial realizado en Medellín hace un par de años. Él dijo a todos los delegados: “Nada de lo que hagan y propongan es solución a los problemas de las ciudades y el campo mientras no se legisle a favor de la mujer y sus derechos”.

Quienes escribimos sobre esto estamos seguros de que no hay un asunto más trascendental si queremos justicia, equidad, paz y progreso. ¿Quién duda de esto? ¿Nuestras altas cortes?

Fuente:El Tiempo - Por Sonia Gomez Gomez 

martes, 29 de agosto de 2017

REPARACIÓN ECONÓMICA PARA HIJXS DE VÍCTIMAS DE FEMICIDIO

Título original: Debate en la Legislatura porteña

ARGENTINA



IMAGEN: CORBIS

El jueves, la Legislatura porteña tratará un proyecto de ley para asignar una reparación económica a los hijos/as de madres asesinadas. Se necesitan cuarenta votos para transformar en ley la iniciativa que prevé una ayuda económica hasta los 21 años. Las organizaciones estiman en 55 casos los que puedan acceder a la reparación.

Todo está dado para que el jueves próximo la Legislatura porteña apruebe la llamada “Ley Brisa”,de reparación económica para hijos e hijas de víctimas de femicidio de la Ciudad de Buenos Aires. La norma intenta compensar algo de todo el daño que provoca en estos chicos, adolescentes y jóvenes perder a su madre de forma violenta y en manos de su propio padre. Según datos de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, impulsora de la iniciativa, desde 2009 en Argentina hubo 2384 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas,  mientras que 2919 hijas e hijos -el 63 por ciento de los cuales eran menores de edad al momento del crimen- quedaron sin madre.

El miércoles pasado la comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria de la Legislatura porteña, aprobó el dictamen del proyecto 1172-f-2017: “Reparación económica para niñas, niños, adolescentes y jóvenes víctimas colaterales de homicidios agravados por el vínculo, (femicidios)” presentado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires a instancias de la asociación civil La Casa del Encuentro.

El proyecto ya tenía dictamen de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, y el jueves será tratado en la sesión, donde se espera su aprobación. Había sido presentado en público el 28 de junio en la Legislatura con el apoyo de representantes de todos los bloques partidarios, y del Ejecutivo porteño. Se lo llama Ley Brisa por el nombre de la hija menor de Daiana Barrionuevo, una joven asesinada por su ex pareja, Iván Adalberto Rodríguez, en 2014. Daiana tenía, además de Brisa, dos hijos varones. Todos quedaron al cuidado de su abuelo. Sin recursos, Osvaldo Barrionuevo tuvo que pedir hasta en los medios de comunicación vestimenta, útiles, juguetes, alimentos para esos chicos.


El proyecto promueve la creación de un régimen de reparación económica a niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de 21 años, cuyo “padre haya sido procesado o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de delito de homicidio agravado por el vínculo (femicidio)”.Establece también que los beneficiarios recibirán la prestación de parte de la Ciudad, mensualmente, con un valor equivalente a un haber jubilatorio. El proyecto original hablaba de un salario mínimo, vital y móvil pero para lograr el acuerdo, el PRO propuso adecuarlo al proyecto que ya tiene media sanción en el Congreso Nacional. La diferencia que se mantuvo es que en este caso se extiende la edad de los hijos/as que pueden acceder a la reparación hasta los 21 años, mientras que el de Nación habla de 18. 

“No existe ninguna causa de extinción de la percepción de la prestación, con excepción del sobreseimiento o absolución del progenitor procesado”, establece. En el artículo 8 se aclara que la ley contempla también los casos en que “el homicidio agravado por el vínculo o la condena hayan ocurrido con anterioridad a la sanción de la misma, en estos casos no se podrán percibir importes correspondientes al período transcurrido entre el homicidio agravado por el vínculo o la condena y la entrada en vigencia de esta norma”. Según Ada Rico, presidenta de La Casa del Encuentro, alcanzará y beneficiará a 55 menores de edad de la ciudad.

Entre los argumentos del dictamen se destaca el carácter de reparación de esta medida: “esta prestación económica no resulta ser un subsidio, una pensión o una ayuda, sino una reparación económica por parte del Estado, hasta que cumplan 21 años de edad y subsistirá en los casos en que se declare la capacidad restringida y/o incapacidad de los niños, niñas y adolescentes; lo que implica una respuesta por el daño causado, al no haber protegido a sus madres”. Y también se remarca la responsabilidad del Estado, que “deberá otorgar esta reparación, debido a que fue quien asumió los compromisos internacionales de protección hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes y en los casos de femicidio, dicha protección no fue cumplida”.

Por otro lado, en la reunión de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria del miércoles también se aprobó el expediente 1707-f-2015,  que otorga un inmueble vacante perteneciente al Gobierno de la Ciudad, a “título precario y gratuito”por el término de 20 años,a la misma organización.

Este expediente había sido presentado también por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad en el año 2015 y fue aprobado en primera lectura el 3 de diciembre de ese año. El 13 de abril del 2016 se llevó a cabo una audiencia pública, y en junio de este año se consiguió un inmueble adecuado para que la asociación pueda desarrollar sus actividades en el barrio de Almagro. Este jueves, en la sesión, se tratará entonces la segunda lectura necesaria para la aprobación definitiva este tipo de leyes. Deberá contar con 40 votos.

 FUENTE: Página 12 - Por Sonia Santoro